Siempre, se diría, más que a cualquiera otra; los males colectivos, los que parecen universales y no hacen distinción ni acepción, se tornan más intensos cuando se trata de las personas con discapacidad. Podría sonar a queja de quien no tiene otro oficio que lamentarse, pero es una triste verdad. La pandemia del coronavirus, desatada en ese sombrío año de 2020, de ingrato recuerdo, lo ha confirmado de forma abrumadora. Siempre, desde el movimiento social organizado de la discapacidad habíamos dicho, y con razón, que las personas con discapacidad constituimos un grupo social en situación de vulnerabilidad extrema. Y esta crisis masiva de salud pública lo ha ratificado, sin apelación. Todo lo malo nos repercute en mucha mayor medida. Una crisis de salud, devenida casi inmediatamente en crisis económica y también y sobre todo social, que ha tenido a las personas con discapacidad -junto a las personas mayores- como damnificadas preferentes. Socialmente, valga la expresión, somos un grupo inmunodeprimido, con las defensas muy bajas, en el que se multiplican los efectos de la nociva agresión externa.

 

Y a las evidencias nos remitimos, aunque el memorial de agravios está todavía por confeccionar. La pandemia del coronavirus ha socavado los derechos de mayor valor que tienen todas las personas, ninguno ha quedado indemne de su ataque en el caso de la discapacidad. El derecho a la vida, causando miles de víctimas mortales, y un número mayor de enfermas y con secuelas, en proporción mucho más elevada que la que correspondería a nuestro peso social. Es cierto que nuestras condiciones de salud preexistentes pueden haber favorecido que el impacto del virus llegue al nivel de causar estragos, pero hay factores sociales, como formas de vida impuestas -piénsese en la institucionalización forzosa, en el hecho de que las personas con discapacidad y mayores, más que ninguna otra, se ven obligadas a vivir juntas en grandes instituciones residenciales, por ejemplo- que han servido para que esos lúgubres resultados se exacerben. El derecho a la salud, a la asistencia sanitaria sin discriminaciones ni exclusiones por motivos bastardos, ha sido de los más laminados durante esta crisis. Denegaciones de atención, selección en función de las características de la persona enferma, rechazando -los infames triajes- a quienes por presentar una discapacidad o tener una edad avanzada eran consideradas vidas de inferior valor, frente a otras más aventajadas. El derecho a la información y a la comunicación, con medios y canales, incluso públicos, que emitían mensajes no accesibles, sin posibilidad por tanto de llegar a su contenido, sobre cuestiones de primera importancia para la ciudadanía, práctica que dejaba a muchas personas con discapacidad al margen, desorientadas y en permanente duda sobre cómo actuar. No solo derechos, sino también situaciones sociales, como la soledad no deseada, o la pobreza y la exclusión que se han recrudecido, pues la fragilidad previa de estas personas era muy acusada, y ahora, con y tras la pandemia, ha llegado a extrema.

 

No es cuestión de agotar este parte de daños múltiples, de siniestro casi total, que sería tan prolijo como inicuo. Las personas con discapacidad, y me atrevo a hablar también en nombre de las personas mayores, hemos sufrido -estamos sufriendo- el impacto desmedido de la pandemia, que no es algo puramente biológico, sino que arroja una enorme carga social. Esa ley tácita, no escrita, de que cuando a la sociedad le va bien, a las personas con discapacidad, nos va menos bien, y que cuando le va mal, a las personas con discapacidad, nos va peor, mucho peor, se ha cumplido otra vez, inflexiblemente.

 

Y ante esto, unos poderes públicos y autoridades, sorprendidos, desbordados, desacertados, absortos, encenegados en luchas políticas de la peor estofa, que han basculado entre el error, el cinismo, la incompetencia o la incomparecencia. Han llegado tarde, mal y nunca. Si miramos a lo público, las personas con discapacidad nos hemos sentido huérfanas, libradas a nuestra propia suerte, en un combate desigual para el que partíamos con los pertrechos más inidóneos. Pero aun así, no nos hemos arredrado. A través de nuestras organizaciones cívicas, por su medio, hemos hecho acto de presencia, hemos protestado, hemos denunciado, hemos dado ideas, hemos propuesto, hemos orientado la acción en la buena dirección. Gracias al movimiento asociativo, se han corregido o al menos se ha puesto remedio a un estado de cosas lacerante que nos ha obligado a la autodefensa. Una de las lecciones aprendidas de esta crisis casi apocalíptica es el valor de la civilidad, entendida en el recto sentido que una ciudadanía consciente y comprometida, exigente, que no espera pasivamente a que no se sabe quién arregle las cosas, que no mira por la mera satisfacción de su problema particular, sino que se activa y actúa, trascendiéndose, para atinar con soluciones acaso no universales pero sí más globales.

 

He ahí, se dirá, el testimonio de parte, que se percibe y siente víctima; el que ofrece aquella porción de la sociedad que hemos dado en llamar las personas con discapacidad. Pero esa misma viveza de la declaración de quien se siente ofendido, puede restarle crédito a ojos y oídos ajenos. Qué no dirá -incluso, qué no exagerará- quien eleva la voz para captar la atención y hacerse escuchar, puede pensar quien no se sienta interpelado por la cruda realidad de las personas con discapacidad. Nuestro testimonio de cargo -individual y hasta grupal- no basta, precisamos de añadidos y complementos de instancias respetadas y respetables, tenidas por neutrales, que actúan, como asevera la socorrida locución jurídica, según su leal saber y entender. Aquí hay que inscribir la investigación a la que estas palabras liminares introducen Vivir con discapacidad en el contexto de una pandemia: el derecho a tener derechos, de Inmaculada Vivas Tesón, catedrática de Derecho Civil, merecidamente galardonada con el XV Premio de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, en la que con tanto provecho académico y social profesa.

 

Pero la mirada de Inmaculada Vivas Tesón, en todo momento rigurosa y solvente, y hasta con dosis harto sugestivas de audacia jurídica productiva, no carece de pasión. No se trata de la mera visión cenital de la experta instalada en su torre de marfil, que observa lo que sucede en la calle -la vida palpitante y en muchas ocasiones quebrada de las personas con discapacidad en la coyuntura precisa de la pandemia del coronavirus- con frigidez y distancia, sino que se conduele, hace suyo el objeto de estudio y sin incurrir en parcialidad dice verdad. Esta investigación de Inmaculada Vivas Tesón es un ejercicio de veredicción, de parresia como se entendía en la Antigüedad, el imperioso deber de ser sincero por el bien común. Una franqueza iluminadora que disipa todos los velos; rescata ciertamente lo que se examina -la cantidad y sobre todo la calidad de los derechos de las personas con discapacidad en un momento crítico de nuestra vida colectiva-, pero el mismo discurso es ya en sí mismo una sana rebeldía en favor de una causa que por más justa que sea, necesita aún de firmes, fundados y persuasivos alegatos. Inmaculada Vivas Tesón aboga por las personas con discapacidad en el mejor estilo forense, que es una de las formas más elevadas de honrar a la ciencia y a la práctica del Derecho. En las profesiones jurídicas no existe nada similar al juramento hipocrático, pero remedándolo, Inmaculada Vivas Tesón ha acertado a observar que “en cualquier causa que entre, lo haré para bien de los defendidos”.

 

 

* Texto del prólogo a la publicación “Vivir con discapacidad en el contexto de una pandemia: El derecho a tener derechos”, de Inmaculada Vivas Tesón, editado por Tecnos en 2021